El pasado 23 de diciembre de 2020 entró en vigor el Real Decreto-ley 37/2020 encargado de recoger diferentes medidas urgentes con relación a la protección de arrendatarios de vivienda en situación de vulnerabilidad. En la exposición de motivos se fundamenta la necesidad y urgencia de las medidas en el refuerzo de la coordinación entre órganos judiciales y los servicios sociales competentes. De modo que se asegure la protección de las personas más vulnerables desde el punto de vista social y económico, a las que deben ofrecerse medidas de apoyo para superar su situación.

 

El artículo 1 del Real Decreto se encarga de modificar el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. De esta forma, se establece la suspensión, durante el estado de alarma, del procedimiento de desahucio y los lanzamientos arrendaticios en el caso de personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional, así como del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La persona que se encuentre en las situaciones anteriores podrá instar, de conformidad con lo previsto en el articulo 1, un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el Juzgado mediante la presentación de los documentos que acrediten la situación de vulnerabilidad económica.

 

Por el otro lado, la Disposición adicional segunda establece el Derecho a los arrendadores y propietarios a una compensación. Estos, tendrán derecho a solicitar una compensación, cuando la administración competente, en los tres meses siguientes a la fecha en que se emita el informe de los servicios sociales señalando las medidas adecuadas para atender la situación de vulnerabilidad acreditada facilitando el acceso de las personas vulnerables a una vivienda digna, no hubiera adoptado tales medidas.

La solicitud de compensación podrá presentarse hasta un mes después de la vigencia del estado de alarma declarada. Tal compensación consistirá en el valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble más los gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido el arrendador, por el período que medie entre que se acordare la suspensión y el momento en el que la misma se levante por el Tribunal o por finalizar el estado de alarma

 

Estas medidas se podrán instar hasta que finalice el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. De acuerdo con el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, la duración de la prórroga del estado de alarma será hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021.

 

Fuente del texto: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16824