Todos los que trabajamos para el servicio de la Organización de Justicia sabemos que LexNet es un sistema de gestión de notificaciones telemáticas. Este sistema se utiliza en la Administración de Justicia española para que desde los juzgados lleguen las notificaciones a los profesionales de la Justicia. De hecho, en los tiempos que corren, el sistema ha sido de gran ayuda, no vayamos a negarlo.

 

Pero, al igual que en todas las cosas de la vida, Lexnet puede darnos algún que otro susto por culpa de un simple error por nuestra parte. Ejemplo de ello es la sentencia núm. 544/2020, de 20 de octubre de 2020, del Tribunal Supremo, que resuelve un recurso extraordinario por infracción procesal que se ampara en la grave indefensión sufrida por la parte recurrente al negarle la admisión a tramite de un recurso de apelación que se presentó por error tipográfico a un órgano distinto al competente.

 

El Tribunal recuerda que “La modernización de la administración de justicia mediante la generalización en el uso de las nuevas tecnologías y, en lo que aquí nos atañe, a través de las comunicaciones electrónicas procesales, no constituye un fin en sí mismo sino un instrumento para facilitar el trabajo tanto del órgano judicial, como de los justiciables que actúan en los procesos a través de los profesionales designados o directamente por ellos cuando esto último es posible. No pueden en ningún caso erigirse tales medios tecnológicos, en impedimento o valladar para la obtención de la tutela judicial a la que “todas las personas” (art. 24.1 CE) tienen derecho.

 

Hace mención al tratamiento de los posibles errores cometidos por el profesional o justiciable al cargar los datos exigidos por la plataforma. Amparándose en la STC 55/2019, de 6 de mayo, la que detalla que “en los casos de mera indicación errónea de alguno de los datos del formulario, el remitente no reciba un aviso de error del sistema ni el repudio de la transmisión, pues esto solo sucede cuando no ha sido posible iniciar esta última por haberse omitido rellenar alguna casilla obligatoria del impreso, o por fallos del sistema o del equipo del remitente; o cuando la misma no se ha completado por motivos técnicos. El error en alguno de los datos del formulario normalizado no puede condicionar por sí sola la validez del acto de comunicación correctamente realizado. (…) el control que cabe por las leyes procesales y la doctrina de este Tribunal Constitucional es aquel que cada órgano judicial debe llevar a cabo sobre el escrito procesal que recibe (el “documento principal”; en su caso con sus documentos anexos) y al que debe proveer.”.

 

Finalmente, la Sala analiza el error, imputable a la parte recurrente, de constatar como órgano destinatario de un escrito de interposición de recurso, el Juzgado de Primera Instancia nº. 64 de Madrid y no el nº. 62, que era el que conocía de los autos y ante el cual debería presentarse el recurso para proceder a su tramitación (art. 458.1 LEC).

 

El escrito fue admitido por Lexnet, que acusó recibo al recurrente. Al ser despachado por la letrada de la administración de justicia del Juzgado nº. 64 a los efectos de darle el oportuno impulso procesal (art. 279.1 LEC), constató que el mismo no respondía a ningún procedimiento que se tramitara en el órgano por lo que le devolvió el recurso al procurador, quien volvió a presentarlo ante el Juzgado competente, admitiéndose a tramite por la letrada del órgano. Sin embargo, no se había dictado ninguna resolución o diligencia de constancia acreditativa de la firmeza de la sentencia recurrida, a pesar de que hubiera transcurrido el plazo legalmente previsto para interponer el recurso. Entiende el Tribunal que no existen indicios de actuación fraudulenta alguna y sí, por el contrario, manifestación de una conducta inequívoca de cumplir con los requisitos legales. Tampoco que existiera indefensión de la contraparte, por lo que, del conjunto argumental, no considera que el error impida el acceso al recurso en una razonable interpretación del art. 24.1 CE.

Punta superior de dos lápices que tienen un borrador.

Como vemos, el Tribunal valora la voluntad del procurador, así como la diligencia a la hora de remediar el error. Ello supone un pequeño reconocimiento al procurador diligente ya que, quien bien conoce las funciones del mismo, sabe que está sujeto a una alta presión y, entre tanta letra y números, que tire la primera piedra quien esté libre de error tipográfico. Por esta parte cabe añadir, en tono humorístico, que la figura del procurador se asemeja a la del conejo blanco de la novela de Lewis Carroll, siempre con la mirada fija en el reloj y “procurando” no llegar tarde. Así que, continuemos realizando las funciones que nos corresponden de la forma más eficiente y en aras a una mayor protección de los intereses por los que velamos día a día.