El tercer trimestre cierra con un total de 2.400 millones en impagos en las hipotecas y prestamos al consumo por las moratorias expiradas.

A pesar de la Orden del Gobierno por la que se prorrogaba el plazo para solicitar y formalizar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado, así como para la gestión de los avales y de la subvención de gastos e intereses a arrendatarios (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11576), el plazo de las solicitudes de las moratorias en materia hipotecaria no se prorrogó, por lo que el último día para solicitarlo fue el 29 de septiembre.

En el tercer trimestre del año, una parte de las familias y empresas que pudieron solicitar las moratorias pero que eligieron periodos más cortos, se han visto obligados a reanudar los pagos, coincidiendo con la segunda oleada de contagios, por lo que se han visto imposibilitados para hacer frente a las obligaciones de pago. Según las entidades, 2.400 millones procedentes de las moratorias puestas en marcha por el Gobierno y las propias entidades, estaban en mora al cierre del tercer trimestre, cifra que representa un 2,4% del volumen total.

 

¿Qué consecuencias tendrá esto en la ejecución del trabajo cotidiano para los trabajadores que trabajan para el servicio de justicia?

En primer lugar, la principal e inevitable consecuencia de un aumento de los casos de impagados es un aumento de las reclamaciones mediante los correspondientes procedimientos de reclamación de cantidad.

En segundo lugar, y siguiendo en la línea de lo anterior, se incrementará la litigiosidad y, por ende, el trabajo de abogados, procuradores y funcionarios. A pesar del uso del sistema de comunicaciones electrónicas Lexnet, los trabajadores se ven con la obligación/deber de acudir a los tribunales para realizar las tareas que le son propias, ya sea para presentar escritos que requieren su presencia obligatoria, o para recoger las notificaciones de los procedimientos. Esta situación generaría a los trabajadores una exposición mayor al virus por lo que obstaculizaría la gestión que se está llevando a cabo.

 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la posible limitación de acceso a los profesionales, una traba que dificultaría aún más la ejecución del trabajo en la protección de los intereses de sus clientes. Las medidas adoptadas en materia de prevención contra el Covid19 ya suponen un tiempo de espera mayor al que estamos habituados y, de incrementarse los procedimientos, correlativamente se incrementarían los tiempos de espera para realizar los trámites legales.

La ineficacia de los procedimientos de reclamación de cantidad y las ejecuciones forzosas nos llevarían al cuarto punto. Los acreedores deberán ponderar si realmente podrán obtener una tutela eficaz y efectiva por parte de los Juzgados y Tribunales ya que de nada sirven las resoluciones si el deudor es insolvente en todos los sentidos posibles. Podríamos entrar en un bucle de requerimientos y mejoras de embargo que nos quitarían tiempo y no servirían de nada. ¿De que sirve tener un cubo para recoger agua de un pozo si en el pozo no hay agua?

 

Y, por último, la situación de incertidumbre financiera mayor que se generaría a causa de todo esto. La inyección de liquidez inicial a través de las medidas aprobadas está viéndose afectada por la prolongación en el tiempo de esta situación extraordinaria, motivo por el que, de no ejecutarse otras más, los bancos tendrán que asumir un papel más importante para regularizar esta situación.

En este sentido y a fin de impedir que se dispare la morosidad, aún cabe la posibilidad de los acuerdos bilaterales con la banca, es decir, las moratorias privadas del sector financiero.